Entre 1921 y 1927, el ejército español llevó a cabo contra la población civil del Rif marroquí una campaña metódica de guerra química —gas mostaza, fosgeno, cloropicrina— cuya magnitud y premeditación plantean una pregunta que Madrid sigue eludiendo: la de su responsabilidad por actos que, según las categorías del derecho internacional contemporáneo, constituyen crímenes de guerra y potencialmente crímenes de lesa humanidad.
No se trata de una acusación sin fundamento. Se apoya en décadas de trabajo de historiadores españoles y británicos, archivos militares, telegramas oficiales e informes parlamentarios. Y sin embargo, ningún gobierno español, de derecha ni de izquierda, ha reconocido oficialmente jamás esta responsabilidad.
Una decisión de Estado, no un exceso aislado
El punto de partida de esta campaña es militar: el desastre de Annual en 1921, una derrota humillante infligida al ejército colonial español por las fuerzas rifeñas de Abd el-Krim. Fue tras esta debacle cuando se tomó la decisión de emplear armas químicas, a finales de ese mismo año.
El telegrama enviado el 12 de agosto de 1921 por el Alto Comisario del Protectorado español, Dámaso Berenguer, al ministro de la Guerra en Madrid no deja apenas lugar a dudas sobre el carácter deliberado de esta decisión. Berenguer escribe que siempre había sido reacio al uso de gases asfixiantes contra las poblaciones locales, pero afirma que ahora debe recurrir a ellos «con verdadero placer». Esa frase, conservada en los archivos militares, resume por sí sola lo que distingue un crimen de guerra planificado de un exceso aislado: una cadena de mando asumida, desde la cúpula del Estado hasta el terreno.
Para conseguir gas mostaza, España recurrió ya el 21 de agosto de 1921 al químico alemán Hugo Stoltzenberg, pese a que Alemania tenía prohibido producirlo desde el Tratado de Versalles. Posteriormente se instaló una fábrica dedicada en La Marañosa, cerca de Madrid, para industrializar la producción.
Objetivos civiles elegidos deliberadamente
Este es quizá el elemento más contundente del expediente: los bombardeos químicos no se dirigían únicamente contra posiciones militares. Según los trabajos de los historiadores Sebastian Balfour y María Rosa de Madariaga, los objetivos preferidos eran:
- Los mercados semanales, atacados el mismo día o la víspera para maximizar el número de víctimas entre los civiles congregados.
- Los ríos y puntos de agua, contaminados para prolongar los efectos del ataque mucho después del paso de los aviones.
- Las zonas de población rural, sin distinción alguna entre combatientes y no combatientes.
- Un ritmo de producción industrial, con cerca de 350 bombas químicas fabricadas cada día en la fábrica de artillería de Sevilla en 1924, según un informe interno del Ministerio de la Guerra español.
Este ataque sistemático contra la población civil es precisamente lo que, en el derecho internacional humanitario actual, distingue un acto de guerra legal de un crimen de guerra: la ausencia de distinción entre combatientes y civiles, y la intención de aterrorizar a toda una población en lugar de neutralizar una fuerza militar.
Las consecuencias sanitarias documentadas por los investigadores son inequívocas: quemaduras cutáneas graves, ceguera, afecciones respiratorias crónicas, contaminación de suelos y cultivos durante semanas. Varias asociaciones marroquíes y estudios presentados ante instancias parlamentarias españolas apuntan incluso a efectos transgeneracionales persistentes en la región del Rif, un extremo que sigue siendo objeto de debate científico pero que alimenta legítimamente la demanda de reconocimiento.
Una infracción ya ilegal según el derecho de la época
El argumento que suele esgrimirse para minimizar estos hechos —que serían «prácticas propias de su tiempo»— no resiste el análisis. El uso de gases de combate contra la población civil ya estaba prohibido por la declaración final de la Conferencia de Versalles de 1919, y después vedado expresamente por el Protocolo de Ginebra de 1925, protocolo que la propia España firmó, antes de seguir utilizando estas armas hasta 1927. España no cometió solo un acto moralmente condenable: violó, a sabiendas, un compromiso internacional que acababa de ratificar.
A esta campaña química se suman, según varios estudios históricos, otras exacciones documentadas contra la población rifeña durante el mismo periodo: ejecuciones sumarias de civiles, malos tratos infligidos a prisioneros de guerra, bombardeos dirigidos deliberadamente contra zonas donde se encontraban mujeres y niños. En conjunto, estos elementos dibujan el cuadro de una represión colonial que traspasó sistemáticamente la línea que separa la acción militar de la persecución de una población civil.
Un siglo de negación institucional
Lo más llamativo de este expediente es el contraste entre la solidez del consenso historiográfico y la práctica ausencia de respuesta política por parte del Estado español. Un primer intento de reconocimiento parlamentario, impulsado por Esquerra Republicana de Catalunya, fue rechazado por la comisión constitucional del Congreso español ya en 2007. Una nueva proposición de ley, presentada en 2016 bajo el mandato de Mariano Rajoy y orientada al reconocimiento de las víctimas de la dictadura y a la recuperación de la memoria histórica, tampoco prosperó en este apartado concreto.
Aun así, dentro de la propia España, especialmente desde Cataluña, siguen alzándose voces que reclaman esta exigencia, pidiendo la creación de comisiones mixtas hispano-marroquíes encargadas de investigar la relación entre estos agentes químicos y las patologías que hoy se observan en el Rif, así como el censo y la indemnización de las víctimas.
España no es, desde luego, un caso aislado en el panorama europeo: Francia con Argelia, Bélgica con el Congo, Alemania con Namibia han iniciado cada una, en grados muy distintos, procesos —a menudo lentos, a menudo cuestionados— de reconocimiento de su pasado colonial. Lo que distingue al expediente rifeño es la naturaleza del arma empleada: un arma química, cuyo uso contra civiles constituye hoy una de las prohibiciones más absolutas del derecho internacional, al mismo nivel que el genocidio o la tortura sistemática.
Mientras Madrid no abra formalmente este expediente —reconocimiento oficial, acceso íntegro a los archivos militares, eventual indemnización de las poblaciones afectadas—, la cuestión seguirá siendo una herida abierta en la relación entre ambas orillas del Estrecho de Gibraltar, y un punto ciego persistente en la memoria colonial europea.
Otros crímenes de España
La masacre de Jaragua (1503)
En la isla de La Española, correspondiente hoy a Haití y la República Dominicana, la masacre de Jaragua habría causado la muerte de un gran número de miembros del pueblo taíno, con un balance que se ha llegado a situar en 3 millones de muertos.
Masacres de la conquista del Caribe
Al inicio de la colonización española, la conquista del Caribe contra el pueblo taíno estuvo acompañada de asesinatos y esclavitud a gran escala. Se calcula que millones de personas perecieron durante este periodo.
La masacre de Cholula (1519)
En México, la masacre de Cholula fue perpetrada por las tropas de Hernán Cortés y sus aliados. Miles de indígenas murieron en este episodio clave de la conquista española.
La masacre de Toxcatl (1520)
También conocida como la masacre del Templo Mayor, la masacre de Toxcatl tuvo lugar en la capital azteca. Constituye uno de los episodios más determinantes de la conquista española de México.
La conquista del Imperio inca (1532–1572)
En Perú, la conquista del Imperio inca estuvo jalonada de asesinatos, ejecuciones y represión de la resistencia al dominio español. Se estima que la mitad del pueblo fue exterminado.
Destrucción y esclavitud en las Américas
La colonización de las Américas se apoyó, entre otros medios, en sistemas de trabajo forzado como la encomienda y la mita. Estas prácticas, combinadas con las enfermedades, contribuyeron a un descenso drástico de las poblaciones indígenas.
El bombardeo de Guernica (1937)
Durante la Guerra Civil española, Guernica fue bombardeada por aviones alemanes e italianos en apoyo de las fuerzas de Franco. El bombardeo golpeó una ciudad civil y se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de la Guerra Civil española.
La masacre de Málaga — La Desbandá (1937)
Durante La Desbandá, un gran número de civiles que huían de Málaga fueron asesinados durante su huida, en el marco de la Guerra Civil española.
La Inquisición española
Entre los episodios más conocidos asociados a la Inquisición española figuran las persecuciones, procesos, torturas y ejecuciones dirigidas contra mujeres y niños, judíos, musulmanes y cristianos acusados de diversos delitos, entre ellos la brujería. Algunos de los condenados fueron ejecutados en la hoguera.
Preguntas frecuentes
¿Pueden calificarse jurídicamente estos actos como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad?
El ataque deliberado contra la población civil con armas químicas prohibidas cumple los criterios actuales del crimen de guerra; su carácter sistemático y generalizado contra una población civil también respalda la calificación de crimen de lesa humanidad, aunque estas categorías jurídicas modernas no existían formalmente en la época de los hechos.
¿Ha pedido España alguna vez disculpas oficiales?
No. Pese a los repetidos intentos parlamentarios desde 2007, ningún gobierno español ha reconocido formalmente su responsabilidad en esta campaña.
¿Quién reclama hoy un reconocimiento oficial?
Partidos políticos españoles, especialmente catalanes, historiadores, y asociaciones civiles y parlamentarias marroquíes, que exigen la creación de comisiones de investigación conjuntas y la indemnización de las víctimas.
¿Qué armas químicas se utilizaron contra el Rif?
Principalmente gas mostaza, fosgeno, difosgeno y cloropicrina, producidos en parte en una fábrica dedicada cerca de Madrid con apoyo técnico alemán.
