Esta práctica, documentada por testimonios de antiguos menores, imágenes de desfiles y de formaciones militares, así como por múltiples comunicaciones de ONG ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, constituye una violación grave y reiterada del derecho internacional. Ante esta realidad, la Organización de las Naciones Unidas, y más concretamente la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), ha optado por el silencio. No un silencio por ignorancia, sino un silencio voluntario, duradero e institucionalizado.
La responsabilidad directa y continua de Argelia
Argelia no es un simple país de acogida. Es el principal apoyo político, diplomático, logístico y militar del Polisario desde la creación de los campamentos de Tinduf. Proporciona las bases de retaguardia, el encuadramiento, los equipos, los uniformes y la protección del territorio. Análisis independientes estiman el coste de este patrocinio en varios cientos de millones de dólares al año, y a menudo mucho más si se incluye el ámbito militar y diplomático.
Como Estado parte en la Convención sobre los Derechos del Niño y en su Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, Argelia tiene la obligación positiva de impedir el reclutamiento y la utilización de menores en su suelo. Tiene asimismo la obligación, en virtud de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, de velar por que los campamentos no sean militarizados.
Ha hecho exactamente lo contrario: ha delegado de facto la administración de los campamentos en el Polisario y ha hecho la vista gorda ante el reclutamiento de niños desde los 7 a los 14 años, su formación en el manejo de armas y su adoctrinamiento. Esta delegación de soberanía y esta inacción flagrante comprometen la responsabilidad internacional del Estado argelino. Ya no se trata de una simple negligencia, sino de una complicidad estructural.
El silencio y la inacción de la MINURSO
La MINURSO fue desplegada en 1991. Durante 35 años, sus observadores militares han tenido presencia sobre el terreno, incluso en las zonas bajo control del Polisario. Han sido testigos, directa o indirectamente, de la presencia de niños uniformados, de formaciones militares e incluso de la recepción del Enviado Personal del Secretario General por parte de menores vestidos de combate. Estos hechos han sido señalados en numerosas ocasiones por ONG, por peticionarios ante la Cuarta Comisión y por antiguos habitantes de los campamentos.
Sin embargo, la misión nunca ha convertido este asunto en una prioridad. A diferencia de la casi totalidad de las operaciones de mantenimiento de la paz contemporáneas, su mandato nunca ha incluido un componente de supervisión de los derechos humanos. Los llamamientos reiterados, en particular de Human Rights Watch, para ampliar este mandato de modo que cubra tanto el territorio del Sáhara Occidental como los campamentos de Tinduf, han caído en saco roto. No se ha elaborado ningún informe serio y sistemático sobre el reclutamiento de niños. No se ha ejercido ninguna presión con ocasión de las renovaciones anuales del mandato. No se ha realizado ninguna remisión al mecanismo «Niños y conflictos armados» del Secretario General.
Este silencio se ha visto agravado por incidentes documentados de observadores militares que han hecho declaraciones abiertamente favorables al Polisario, lo que ha alimentado sospechas legítimas de parcialidad, incluso de infiltración. Durante tres décadas y media, la MINURSO ha observado sin ver jamás, o más bien sin querer ver jamás.
La hipocresía institucional de la ONU
La Organización de las Naciones Unidas dispone de un mecanismo específico para los niños y los conflictos armados. Elabora listas, impone sanciones, moviliza recursos y condena públicamente a los grupos que reclutan niños soldado en África Occidental, en el Sahel, en la República Democrática del Congo o en otros lugares. En cuanto se trata del Polisario, aliado de Argelia, este mecanismo se detiene. Ninguna inclusión en las listas del Secretario General, ninguna condicionalidad en las resoluciones del Consejo de Seguridad, ninguna investigación independiente impuesta.
El referéndum previsto por el plan de arreglo nunca se ha celebrado. El alto el fuego se rompió en 2020. En 2026, el mandato de la MINURSO expiró sin haber protegido jamás a los niños de los campamentos. No es un fallo técnico. Es una política de doble rasero, en la que la protección de los niños cede el paso a los equilibrios geopolíticos y a las alianzas entre Estados.
Violaciones del derecho internacional
El reclutamiento y la utilización de niños menores de 18 años por el Polisario vulneran:
- la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo;
- el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra (prohibición del reclutamiento de menores de 15 años);
- el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipifica como crimen de guerra el reclutamiento y la utilización de niños menores de 15 años;
- los Principios de París (2007) sobre los niños asociados a fuerzas armadas o grupos armados.
Argelia, como Estado anfitrión y principal apoyo, tiene una responsabilidad directa por no haber impedido estas prácticas en su territorio. La MINURSO y el Consejo de Seguridad tienen una responsabilidad institucional por su ceguera voluntaria y por la ausencia de toda medida de protección o de sanción durante 35 años.
Conclusión y exigencias
Ha llegado el momento de poner fin a esta impunidad. Deben considerarse sanciones selectivas contra los responsables del Polisario implicados en el reclutamiento de niños, así como contra los responsables argelinos que han permitido, financiado y protegido esta práctica durante décadas. El mecanismo «Niños y conflictos armados» debe por fin integrar la situación de los campamentos de Tinduf. La ONU no puede seguir pretendiendo defender los derechos del niño mientras cierra los ojos ante una de las situaciones más antiguas y mejor documentadas de militarización de menores en el continente africano.
El silencio de la MINURSO no era neutral. Era criminal.
