Todos hemos seguido, desde la primavera de 2025, la progresión discreta pero constante de un texto en el Congreso estadounidense. Presentado el 24 de junio de 2025 por el representante republicano Joe Wilson (Carolina del Sur) y el demócrata Jimmy Panetta, el H.R. 4119 — Polisario Front Terrorist Designation Act — pide al secretario de Estado que examine si el Frente Polisario cumple los criterios de organización terrorista extranjera (FTO).
El proyecto aún no ha sido votado; sigue en comisión. Sin embargo, ha acumulado copatrocinadores, principalmente republicanos, y ha encontrado un eco paralelo en el Senado (en particular una iniciativa de Ted Cruz), así como un texto complementario en la Cámara (H.R. 9982). En septiembre de 2026, tras reunirse en Nueva York con el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, Wilson reafirmó públicamente la necesidad de esta designación.
El asunto no es una simple disputa de lobbying. Se inscribe en un contexto regional en el que Estados Unidos, desde la proclamación de diciembre de 2020, ha reconocido la soberanía marroquí sobre todo el Sáhara Occidental y considera el plan de autonomía de 2007 como la única base realista de solución. En el Consejo de Seguridad, un proyecto de resolución estadounidense destinado a afianzar aún más ese marco y a modificar el mandato de la MINURSO se topó con un veto ruso el 30 de octubre de 2026; el mandato de la misión expiraba al día siguiente sin renovación formal. En este panorama, la cuestión de una eventual calificación terrorista del Polisario ya no es solo simbólica.
Qué dice el texto
El H.R. 4119 enuncia varias constataciones. Recuerda los vínculos ideológicos y operativos reivindicados con Irán desde al menos 1980, cita un reportaje de Jeune Afrique sobre la presencia en 2018 de instructores de Hezbolá en Tinduf (uno de los cuales, sancionado por Estados Unidos, había participado en el atentado de Kerbala en 2007), y retoma un artículo del Washington Post de abril de 2025 sobre el entrenamiento y el suministro de drones. También menciona la participación del brazo sirio del PKK en una cumbre organizada en los campamentos en enero de 2025.
El texto solicita un informe detallado sobre las relaciones del Polisario con Irán, Rusia, Hezbolá, la IRGC y el PKK, así como un análisis de posibles ataques contra objetivos civiles. Prevé una determinación del secretario de Estado sobre los criterios de designación FTO y de sanciones bajo la Orden Ejecutiva 13224 y la Ley Global Magnitsky. Existe una cláusula de exención: el presidente podría suspender las medidas si el Polisario se comprometiera de buena fe en negociaciones sobre el plan de autonomía marroquí.
Estos elementos se basan en fuentes abiertas y declaraciones ya públicas. No constituyen, por sí solos, una decisión ejecutiva. La designación FTO corresponde en última instancia al secretario de Estado, previo dictamen del Tesoro y del Departamento de Justicia. El Congreso puede orientar, presionar y condicionar; no decreta. Es un punto que los propios promotores del texto recuerdan.
Consecuencias directas para Argel
Una designación efectiva no conllevaría automáticamente la clasificación de Argelia como «Estado patrocinador del terrorismo» (State Sponsor of Terrorism). Ese estatus exige un apoyo reiterado y documentado a ataques contra intereses estadounidenses. En cambio, el apoyo material (armas, financiación, logística, alojamiento operativo) a una organización designada FTO expone a sus autores a sanciones secundarias. Los bancos, aseguradoras y proveedores que operan en dólares o con contrapartes estadounidenses tienden entonces a aplicar una prudencia extrema.
Los responsables del Polisario verían congelados sus activos bajo jurisdicción estadounidense, restringidos sus desplazamientos y secados sus canales de financiación internacional. Las ONG que operan en los campamentos de Tinduf tendrían que obtener licencias de la OFAC para continuar ciertas actividades.
Para Argel, esto se traduce concretamente en un riesgo de complicación de los flujos financieros vinculados a los campamentos, una presión sobre las cadenas logísticas militares y una mayor visibilidad de cualquier transferencia de equipamiento. El informe solicitado por el H.R. 4119 sobre las relaciones con Irán y Rusia podría, si se hiciera público en sus grandes líneas, alimentar debates en el Congreso sobre posibles medidas adicionales, en particular bajo la CAATSA en caso de nuevas adquisiciones de armas rusas consideradas significativas. Nada es mecánico; todo sigue siendo político. Pero el umbral de tolerancia se desplaza.
Los campamentos de Tinduf, donde el Polisario ejerce un control efectivo bajo protección argelina, se convertirían en un punto adicional de fricción. La ausencia de un censo oficial completo —las estimaciones de planificación de la ONU rondan las 90.000 personas vulnerables, mientras que Argel y el Polisario hablan de cifras notablemente superiores— ya es objeto de críticas. Una calificación terrorista amplificaría los llamamientos a la transparencia, a la supervisión humanitaria independiente y al control de los flujos de ayuda, de los que informes europeos han señalado en el pasado desvíos.
Efectos indirectos y estratégicos
Más allá de las sanciones, el coste principal sería narrativo y diplomático. Apoyar abiertamente a una organización etiquetada como terrorista por Washington debilita la posición argelina en los foros internacionales donde se discute el expediente del Sáhara. Complica los esfuerzos de Argel por presentar el conflicto como una pura cuestión de descolonización, especialmente ante socios africanos o europeos que ya han evolucionado hacia el plan de autonomía. Varios Estados africanos han retirado su reconocimiento de la RASD en los últimos años; una designación estadounidense aceleraría esa erosión.
En el plano bilateral, las relaciones entre Estados Unidos y Argelia —ya marcadas por divergencias sobre el Sáhara, el Sahel y las asociaciones energéticas y militares— sufrirían una presión adicional. Según algunos relatos, Argel ha intentado dialogar con ciertos copatrocinadores del texto. Esta gestión demuestra que el asunto se toma en serio. Hasta ahora, no ha hecho retroceder a los promotores.
Estratégicamente, el Polisario constituye para Argel una palanca de presión duradera sobre Marruecos, un medio de mantener una disputa que moviliza recursos en Rabat y limita la proyección marroquí hacia África Occidental. Una reducción forzada de esa palanca —por asfixia financiera, aislamiento diplomático o presión para la desmovilización— modificaría el equilibrio regional. Algunos analistas estiman que esto podría, paradójicamente, empujar a Argel a buscar un acuerdo o, al contrario, a endurecer su apoyo a facciones más radicales, con riesgos de escalada limitada. La decisión sigue en manos de las autoridades argelinas.
Por último, en el Sahel, donde se han documentado vínculos históricos o personales entre antiguos miembros del Polisario y grupos yihadistas (sin que ello convierta al movimiento en una organización yihadista), una designación reforzaría los argumentos de seguridad de quienes quieren integrar el expediente saharaui en la lucha contra el terrorismo regional. Esto no es neutro para un país que se presenta como un actor clave de la estabilidad saheliana.
Puntos clave del H.R. 4119
- Presentado el 24 de junio de 2025 por Wilson y Panetta; sigue en comisión a 31 de octubre de 2026.
- Solicita una determinación FTO y un informe sobre los vínculos con Irán, Rusia, Hezbolá y el PKK.
- Hace referencia a fuentes abiertas (Jeune Afrique, Washington Post) y a episodios documentados (instructores de Hezbolá en 2018, drones).
- Cláusula de exención vinculada a negociaciones de buena fe sobre el plan de autonomía marroquí de 2007.
- Textos paralelos en el Senado y la Cámara que refuerzan la señal política.
Preguntas frecuentes
¿Es automática la designación FTO si se aprueba el proyecto de ley?
No. El texto solicita una determinación al secretario de Estado. La decisión final corresponde al ejecutivo, sobre la base de los criterios legales (8 U.S.C. § 1189).
¿Se convertiría Argelia automáticamente en «Estado patrocinador del terrorismo»?
No. Ese estatus exige un apoyo reiterado a ataques contra intereses estadounidenses. No obstante, el apoyo material a una FTO puede desencadenar sanciones secundarias y complicaciones financieras.
¿Cuál es el vínculo con el plan de autonomía marroquí?
El H.R. 4119 prevé una posible exención presidencial si el Polisario se compromete de buena fe en negociaciones sobre ese plan.
