En la práctica, teniendo en cuenta la lengua y la etnia compartidas, unidas a la potencial fraude y a las redes ya existentes, se trata del conjunto de la región de lengua hasanía: una población con una fuerte motivación para emigrar que incluye los campamentos del Polisario en Tinduf (Argelia), parte de Argelia, el Sáhara marroquí y otras regiones de Marruecos, Mauritania y parte de Malí.
Sumar ha insistido en que teóricamente solo estarían concernidas las personas nacidas en la antigua provincia del Sáhara español antes del 29 de septiembre de 1977. Sin embargo, no menciona que, por efecto indirecto, sus cónyuges, hijos y padres también podrán ser traídos a España mediante el reagrupamiento familiar, sin estar ellos mismos incluidos en la ley de naturalización ni ser necesariamente saharauis.
El reagrupamiento familiar y el efecto bola de nieve
En el régimen de reagrupamiento familiar, los cónyuges, los hijos y los padres pueden obtener un título de residencia. A esto se suma la disposición que permite naturalizar a los hijos en un plazo de 3 años tras la naturalización de sus padres, sin contar el régimen clásico de naturalización por residencia, que se reduce a 2 años para las personas afectadas.
El fenómeno por el cual una sola persona puede, por efecto bola de nieve, arrastrar a entre 4 y 6 personas se ve amplificado por una elevada natalidad en los campamentos y la región (estimada entre 3 y 5 hijos por mujer) y por la extrema facilidad de falsificación de los documentos requeridos: antiguas tarjetas de identidad españolas (incluso caducadas), certificados de escolaridad, certificados de hospitalización, permisos de conducir o documentos relativos a pensiones abonadas por la administración española.
Documentos fácilmente falsificables
El documento más complejo, el DNI de la época del Sáhara español, no era más que una tarjeta de cartón cubierta por una fina capa de plástico, rellenada a máquina de escribir o a mano, con firmas manuscritas y una huella dactilar en tinta. Carecía de cualquier tecnología moderna, holograma o dispositivo de seguridad comparable a los actuales.
Durante la retirada precipitada de las tropas y de la administración españolas en 1976, toneladas de formularios oficiales, libretas de familia en blanco, cartillas sanitarias de los hospitales coloniales y sellos oficiales quedaron abandonados en los cajones de las administraciones locales y fueron saqueados. Existe un tráfico documentado de soportes auténticos de la época: papeles oficiales viejos, antiguas tarjetas de identidad y libretas en blanco olvidadas en 1976, que se utilizan para fabricar identidades falsas.
Esto no es una hipótesis: las Naciones Unidas ya detectaron fraudes del Polisario durante el proceso de censo, lo que contribuyó a la imposibilidad de constituir una base electoral consensuada y, finalmente, al abandono definitivo del referéndum.
En este escenario, el papel y el plástico utilizados serían auténticos y datarían realmente de los años 1970, lo que podría engañar a análisis científicos elementales basados únicamente en la edad o la composición de los materiales. Si el DNI es fácilmente falsificable, no hace falta insistir en lo sencillo que resulta manipular simples certificados escolares.
La imposibilidad de verificar los vínculos familiares en Tinduf
En el caso particular de los campamentos del Polisario en Tinduf, la administración española no tiene, por definición, ningún medio de verificar con certeza la realidad de las relaciones de parentesco (marido, mujer, hijos o padres) dentro de una población apátrida cuyas autoridades de la autoproclamada “RASD” no son reconocidas por España. Esta situación genera un riesgo adicional de falsificación de vínculos familiares para introducir a más personas en la Unión Europea mediante genealogías inventadas, hijos falsos o matrimonios de conveniencia.
La posibilidad de cruzar la información con los datos del censo español de 1974 tropieza con el hecho de que aquel no era un registro perfecto. Resultaba extremadamente difícil censar con precisión a una población saharaui todavía mayoritariamente nómada y que cruzaba regularmente fronteras porosas con Mauritania, Argelia o Marruecos.
Muchos saharauis no disponían de un apellido fijo al estilo occidental, sino que utilizaban filiaciones orales del tipo “hijo de…”. La administración colonial española transcribió estos nombres de forma fonética, lo que generó numerosas aproximaciones, duplicados y omisiones.
Durante los intentos posteriores de la ONU de apoyarse en este archivo para organizar un referéndum, los propios expertos admitieron que la integración de ciertas secciones tribales constituía un auténtico “rompe-cabezas burocrático” y que el archivo original español no permitía, por sí solo, identificar formalmente a cada individuo.
España tampoco dispone de una base de datos digital centralizada en la que baste introducir el número de un DNI de los años 1970 para que aparezcan al instante la fotografía y el nombre de su titular. En aquella época los registros consistían en fichas de cartón y documentos físicos, conservados localmente y repartidos entre los gobernoratos de El Aaiún y Villa Cisneros (hoy Dajla). Parte de estos archivos en papel se perdieron, se destruyeron o quedaron dispersos durante la retirada precipitada de 1976.
Otro escenario posible es la utilización de la identidad de un saharaui fallecido durante el periodo colonial cuando su muerte nunca fue correctamente inscrita en los registros españoles.
Un incentivo para las redes criminales
Dado que la ley facilita relativamente la naturalización y crea además un efecto de arrastre que permite a los descendientes y ascendientes directos solicitar a su vez la nacionalidad, la actividad de las redes criminales se concentrará naturalmente no solo en la falsificación de documentos, sino también en la falsificación de vínculos de parentesco: matrimonios blancos, falsos lazos familiares y genealogías inventadas.
No hay duda de que las redes de falsificación y de trata de seres humanos, ya muy activas en la región, obtendrán ingresos récord abusando de esta ley permisiva que abre fácilmente el camino a una nacionalidad europea. El fraude se extenderá no solo a los milicianos de los campamentos del Polisario (incluidos aquellos no censados por España), sino más ampliamente a toda la zona hasanía (Marruecos, Argelia, Mauritania y Malí), de etnia y lengua similares, que podrá fácilmente engañar a un funcionario del registro civil español haciéndose pasar por saharaui.
