Este monte submarino, rico en telurio, cobalto y tierras raras, es hoy objeto de una operación de apropiación cuidadosamente orquestada por España, revestida con el lenguaje del derecho internacional y la ciencia geológica. Bajo la apariencia de expedientes presentados ante la ONU y de informes técnicos, Madrid intenta imponer un relato que, en realidad, no es más que un intento de apropiarse de un recurso que pertenece a la fachada atlántica del Reino. Es hora de llamar a las cosas por su nombre: lo que España presenta como una reivindicación legítima es en realidad una operación de propaganda geopolítica destinada a apropiarse de un bien que corresponde a la soberanía marroquí sobre su plataforma continental atlántica.
Una ubicación que nunca debió generar debate
El Monte Tropic se encuentra en el Atlántico noreste, frente a la costa saharaui marroquí, en una zona que el Reino reivindica legítimamente desde la adopción, en 2020, de las leyes 37-17 y 38-17, que fijaron los límites de sus aguas territoriales, su zona económica exclusiva de 200 millas náuticas y su plataforma continental extendida a 350 millas náuticas a lo largo de toda su fachada atlántica, incluido el Sáhara. Esta clarificación legislativa no es un acto arbitrario: refleja la continuidad geográfica natural entre el litoral marroquí y el talud continental que se extiende hacia alta mar, una continuidad que Rabat reivindica de forma constante como la extensión lógica de su soberanía sobre sus aguas atlánticas.
El Monte Tropic no flota, pues, en un vacío jurídico: se sitúa precisamente en la zona que Marruecos considera una extensión natural de su plataforma continental saharaui, frente a Dajla. Es esta continuidad territorial, reivindicada de forma constante y coherente por el Reino desde 2020, la que España se esfuerza en borrar del debate público.
El montaje jurídico y mediático español
En diciembre de 2014, España presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU una solicitud de ampliación de su plataforma continental por 296.000 kilómetros cuadrados —una superficie considerable, que engloba precisamente la zona donde se encuentra el Monte Tropic. Este expediente, presentado como una simple formalidad técnica basada en la continuidad geológica con el archipiélago canario, debe leerse por lo que realmente es: un intento de apropiación anticipada, presentado unilateralmente, sin consulta previa con Marruecos, y diseñado para establecer un hecho consumado jurídico antes incluso de que Rabat pudiera formalizar su propia posición.
El argumento español se basa en la idea de que el Monte Tropic pertenecería a la “provincia volcánica canaria”, una clasificación geológica presentada como incuestionable, precisamente para dejar de lado la cuestión de la proximidad y la continuidad con la costa saharaui marroquí. Este relato, difundido de forma constante por buena parte de la prensa y los círculos diplomáticos españoles, persigue un objetivo claro: hacer pasar por hecho científico lo que en realidad es una lectura interesada, elegida precisamente porque sirve a los intereses económicos de Madrid. Presentar una reivindicación marítima como un hecho geológico consumado, sin dejar espacio a la posición marroquí, es todo el mecanismo de esta propaganda: no busca convencer mediante el debate abierto, busca imponerse mediante la repetición y la anterioridad de la presentación del expediente.
Unos intereses económicos considerables
Si España se aferra con tanta tenacidad a este expediente, no es por un apego científico desinteresado a la cartografía submarina. El Monte Tropic alberga concentraciones excepcionales de telurio —un metal escaso esencial para la fabricación de paneles fotovoltaicos—, además de cobalto, níquel y costras ferromanganesas ricas en tierras raras, todos ellos recursos estratégicos para las industrias de la transición energética y la tecnología avanzada. En un contexto mundial de competencia creciente por el acceso a minerales críticos, controlar este yacimiento submarino representa un objetivo económico mayor para quien logre establecer primero la soberanía sobre él.
Precisamente porque estos recursos se encuentran en una zona que Marruecos reivindica como extensión de su plataforma continental atlántica, la insistencia española cobra todo su sentido: no se trata de defender una frontera natural incontestada, sino de asegurar, antes que Marruecos, el acceso a unos recursos cuyo valor estratégico no deja de crecer.
Soberanía marroquí y continuidad territorial
La posición marroquí se inscribe en una coherencia jurídica y política que Rabat no ha dejado de afirmar desde la adopción de las leyes de 2020: el Sáhara marroquí, con su fachada atlántica, forma parte integrante del territorio nacional, y todos los espacios marítimos que se prolongan geográficamente a partir de él —aguas territoriales, zona económica exclusiva, plataforma continental— corresponden, por tanto, a la soberanía del Reino. Esta posición se ha visto reforzada por un creciente reconocimiento diplomático internacional de la marroquinidad del Sáhara, lo que resta aún más legitimidad a cualquier intento unilateral de eludir a Marruecos en la definición de las fronteras marítimas de esta región.
Frente a esta realidad, el enfoque español —presentar un expediente ante la ONU sin negociación bilateral previa con Rabat, y luego consolidar ese expediente con un relato mediático que presenta la cuestión como ya zanjada— constituye un atentado directo contra la soberanía que Marruecos defiende sobre toda su fachada atlántica. El derecho del mar, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, establece que la delimitación de reivindicaciones superpuestas de plataforma continental entre Estados debe ser objeto de un acuerdo entre las partes implicadas, y no de una apropiación unilateral disfrazada de procedimiento técnico.
Una geografía que no se negocia
El Monte Tropic no es un espacio “en disputa” en el sentido que le da la diplomacia española cuando lo llama “zona a negociar” o “zona de equidistancia”. Es un espacio que se inscribe en la extensión natural de la fachada atlántica del Sáhara marroquí, y que el Reino reivindica como tal desde 2020 dentro de un marco legislativo claro y asumido. La retórica española —continuidad geológica con las Canarias, el expediente de 2014, el discurso mediático repetido— no cambia en nada esta realidad geográfica y política: solo la reviste con los ropajes de la legalidad internacional para mejor eludirla.
Marruecos no tiene por qué dejar que un relato construido con fines de apropiación de recursos quede sin respuesta. Defender el Monte Tropic significa defender la coherencia territorial de la fachada atlántica marroquí y negarse a que un hecho consumado diplomático sustituya a la negociación entre iguales que exige el derecho internacional entre Estados vecinos. La geografía no se dobla ante la propaganda: a Marruecos le corresponde recordarlo, con constancia y firmeza, en cada etapa de este expediente.
