Este lunes 16 de noviembre, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entregó a la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, un informe que zanja la cuestión con claridad: no existe ninguna prueba que establezca que las autoridades marroquíes instigaran, planificaran o coordinaran esta operación. El documento, difundido en particular por la agencia EFE y analizado por varios medios españoles, distingue cuidadosamente esta crisis de las anteriores y abre una lectura más matizada de las relaciones entre Madrid y Rabat.
El contexto de una crisis sin precedentes en la frontera
Ceuta, enclave español de unos 85 000 habitantes situado en la costa norte de Marruecos, constituye desde hace décadas un punto de tensión permanente. Los días 30 y 31 de julio de 2026, coincidiendo con la Fiesta del Trono marroquí, decenas de miles de personas cruzaron la frontera, principalmente por el sector del Tarajal, a pie o a nado. Las estimaciones oficiales han variado: el Gobierno central habló de entre 70 000 y 80 000 entradas, mientras que informes posteriores de la Guardia Civil mencionan cerca de 88 000 retornos a Marruecos y fuentes locales hablan de un total que podría superar las 100 000 personas. Al menos 140 personas murieron ahogadas, según los balances disponibles.
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Esta magnitud, muy superior a la de la crisis de mayo de 2021 (entre 8 000 y 10 000 personas aproximadamente), desbordó los dispositivos españoles y marroquíes. La jueza Tardón instruye un procedimiento para determinar responsabilidades, en particular por posibles delitos contra la paz o la independencia del Estado. El CNI, dependiente del Ministerio de Defensa, fue requerido para responder a preguntas concretas sobre el origen de la movilización.
Lo que dice exactamente el informe del CNI
Según el documento remitido a la magistrada, «tras investigaciones exhaustivas llevadas a cabo por el Centro Nacional de Inteligencia, no se ha hallado ninguna prueba que permita sugerir que agencias estatales marroquíes hayan estado implicadas en la concepción, ejecución o coordinación de una operación de este tipo, con intenciones hostiles deliberadas contra España». La movilización se describe como el resultado de convocatorias difundidas a través de las redes sociales, de manera descentralizada, múltiple, autogestionada y colaborativa. Los investigadores no identificaron ningún «único dinamizador» ni establecieron vínculo alguno entre las personas que difundieron las convocatorias y las instituciones del Estado marroquí.
El CNI subraya que solo las estructuras estatales (los servicios de inteligencia DGED y DGST, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Auxiliares, con el posible concurso de las fuerzas armadas) tendrían teóricamente capacidad para planificar una movilización de tal envergadura. Pero las investigaciones no han aportado ninguna evidencia de una acción concertada de ese tipo. En cambio, el informe señala una «indulgencia excepcional y fallos inusuales en el control fronterizo» por parte de las autoridades marroquíes, así como una gestión reactiva en lugar de proactiva.
Un informe anterior del CNI, fechado a mediados de octubre y también remitido a la jueza, indicaba que las autoridades marroquíes eran «plenamente conscientes» de las convocatorias en redes sociales y habían recibido una alerta urgente del CNI el 29 de julio. Habrían priorizado la seguridad de las celebraciones de la Fiesta del Trono en Rincón, donde se encontraba el rey Mohamed VI, en detrimento de un despliegue suficiente en la frontera. Esta pasividad contribuyó al desbordamiento, sin que por ello se la califique de operación deliberada.
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Comparación con las crisis anteriores
El CNI establece una distinción nítida con los acontecimientos de 2021 y de 2024:
- En 2021, la llegada masiva se analiza como un instrumento de política exterior marroquí destinado a presionar a España, en el contexto de la hospitalización secreta del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali (bajo identidad argelina), por motivos vinculados a procedimientos judiciales. Marruecos abrió entonces las compuertas migratorias de manera coordinada.
- En 2024 y en 2026, los episodios reflejan, según el CNI, «vulnerabilidades internas» y una «gestión reactiva» de las fuerzas de seguridad marroquíes, más que una estrategia diplomática asumida. Las convocatorias en redes sociales y los días festivos se aprovechan con regularidad, en un contexto de dificultades económicas que vuelve a los jóvenes marroquíes especialmente vulnerables a los mensajes que incitan a intentar el cruce.
Estos elementos comunes —preponderancia de jóvenes ciudadanos marroquíes, vulnerabilidad económica, movilización digital— se destacan sin presentarse como prueba de una orquestación estatal.
Los puntos de vista divergentes en el seno del aparato de seguridad español
El informe del CNI no agota el debate. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional entregó un documento distinto, basado en testimonios de migrantes, imágenes y análisis sobre el terreno. Identifica a una veintena de responsables marroquíes (entre ellos Mohamed El Oualidi, prefecto de policía de Tetuán, y otros mandos de las Fuerzas Auxiliares o de la administración local) presentes en el sector fronterizo y describe acciones de guiado o de aparente coordinación. Algunos testigos protegidos confirmaron ante la jueza interacciones con agentes marroquíes.
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Esta divergencia ha alimentado tensiones internas: la Policía y el CNI se oponen en la interpretación de los hechos, mientras que la Guardia Civil ha cuestionado ciertos aspectos de las alertas tempranas. La jueza Tardón continúa con la instrucción, con solicitudes de desclasificación y comparecencias en curso (entre ellas la del anterior delegado del Gobierno en Ceuta). Estas discrepancias ilustran la dificultad de calificar jurídicamente una crisis que combina movilización espontánea, pasividad operativa e intereses geopolíticos.
Desafíos estratégicos para la cuenca mediterránea
Este asunto va más allá de un simple incidente fronterizo. Marruecos sigue siendo un socio esencial de España y de la Unión Europea en la gestión de los flujos migratorios, la lucha contra el terrorismo y los tráficos ilícitos. Una calificación de «acción estatal hostil» tendría consecuencias diplomáticas inmediatas, con posible impacto en los acuerdos de cooperación y en el dossier del Sáhara Occidental, donde Madrid ha evolucionado en los últimos años hacia una posición más favorable a Rabat.
Para Madrid, el informe del CNI ofrece una lectura que evita acusar directamente a Rabat de orquestación al tiempo que señala fallos de control. Plantea la cuestión de la resiliencia de las fronteras terrestres en un contexto de presiones híbridas (digitales y migratorias) y de vulnerabilidades socioeconómicas a ambos lados. Europa, que afronta crisis similares en otras rutas, observa de cerca cómo gestionan los Estados estos episodios sin caer en la confrontación abierta.
Las dimensiones humanitarias siguen siendo muy presentes: miles de personas permanecen en una situación precaria en Ceuta varios meses después de los hechos, mientras que los retornos se han realizado en condiciones a veces controvertidas. La prioridad de seguridad no borra los desafíos de protección de las personas más vulnerables.
Mis conclusiones
El informe del CNI no cierra la investigación judicial. Aporta un análisis de inteligencia que distingue entre conocimiento previo y ausencia de pruebas de una orquestación deliberada. Las conclusiones finales de la jueza Tardón, las eventuales desclasificaciones adicionales y las posiciones políticas en Madrid y Rabat determinarán si esta lectura se impone o si surgen otros elementos. En la cuenca mediterránea, donde las fronteras son a la vez líneas de soberanía y espacios de gestión compartida de los flujos, la capacidad de distinguir entre presión estratégica, fallo operativo y movilización espontánea sigue siendo un desafío permanente para los servicios y los gobiernos.
Preguntas frecuentes
¿Afirma el CNI que Marruecos no tenía ningún conocimiento de los hechos?
No. Reconoce un conocimiento previo de las convocatorias en redes sociales y una pasividad en el control, pero no encuentra pruebas de una acción instigada, planificada o coordinada por las autoridades marroquíes.
¿En qué se diferencia esta crisis de la de 2021?
Según el CNI, la de 2021 respondía a un instrumento de política exterior marroquí en un contexto de crisis diplomática vinculada a Brahim Ghali, mientras que la de 2026 refleja vulnerabilidades internas y una gestión reactiva de las fuerzas de seguridad.
¿Qué cifras de entradas se manejan?
Las estimaciones varían según las fuentes (entre unas 70 000 y más de 100 000 según los balances parciales). El CNI no fija una cifra definitiva; los informes policiales y de la Guardia Civil aún divergen.
¿Está cerrada la investigación judicial?
No. La jueza María Tardón prosigue las pesquisas, con informes contradictorios de los distintos servicios y comparecencias en curso.